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Desde que llegó a la presidencia, Macua ha peleado por terminar con los contratos blindados en el club
30 de diciembre de 2008
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Una negra herencia
Núñez, anterior delegado del Athletic. / J. ALEMANY
IGOR BARCIA.-

El reto de acabar con los contratos blindados en el Athletic le está saliendo caro a Fernando García Macua. Llevar a cabo uno de sus principales objetivos cuando llegó a la presidencia se ha saldado hasta ahora con un desembolso que ronda los dos millones de euros, una pesada herencia de la era de José María Arrate al frente del club, y amenaza con crecer hasta los tres. Hasta el momento, Macua ha tenido que hacer frente a las rescisiones de contrato y correspondientes indemnizaciones de Sabino Padilla, José María 'Txato' Núñez, Dani y Julen Guerrero, y ahora se enfrenta a un requerimiento por parte del que fuera gerente del club desde 1982 hasta 2003 para abonar 750.000 euros.

Desde que se proclamó candidato a la presidencia, Macua lo dejó claro. «Los contratos blindados son de la época del señor Arrate. Nosotros entendemos que hay personas en determinadas parcelas cuyo ciclo en el Athletic ha terminado», expuso el actual presidente en una entrevista en este periódico en julio de 2007. Y dejó dos nombres con los que no contaba en su proyecto: Sabino Padilla y 'Txato' Núñez.

Una vez al frente del club, se puso manos a la obra con celeridad. Su primera medida fue rescindir el contrato al jefe de los servicios médicos. Padilla, que entró en el Athletic a finales de 1995 de la mano de Arrate, terminó su vinculación en agosto del pasado año tras llegar a un acuerdo a cambio de 933.000 euros en concepto de finiquito. Una semana después, del club salió Daniel Ruiz Bazán 'Dani', quien llegó con Lamikiz a Ibaigane en 2004 para ocupar un puesto de enlace entre la junta directiva y la primera plantilla.

Los siguientes asuntos a abordar fueron más complejos. No en vano, los casos de 'Txato' Núñez y Julen Guerrero se prolongaron en el tiempo y trajeron quebraderos de cabeza al presidente Macua. El que fuera delegado del equipo presentó en octubre del pasado año dos demandas contra el club rojiblanco en las que solicitaba una indemnización de 1.150.000 euros por «la rescisión del contrato blindado y por perjuicios y daños morales».

Razón a Núñez

Un mes después, la juez Inmaculada López Lluc dio parcialmente la razón a Núñez, por lo que el Athletic se vio obligado a pagar 900.000 euros establecidos en su contrato blindado -firmado en 1998- como compensación en caso de rescisión del mismo. Al menos, el Athletic se evitó tener que abonar otros 250.000 euros por daños y perjuicios.

De este modo, y en apenas un trimestre después de asumir la presidencia, la junta de Fernando García Macua ya había tenido que pagar dos millones de euros en indemnizaciones para poder cumplir su promesa de acabar con los contratos vitalicios.

Y por delante le quedaba quizá el asunto más delicado por su prestigio dentro del club, el caso de Julen Guerrero. Cuando el portugalujo firmó su renovación con Arrate, lo hizo a través de un acuerdo que le ligaba prácticamente de por vida al Athletic. En 2006, cuando negoció con Lamikiz su adiós a los terrenos de juego, varió el sentido de vitalicio por indefinido, algo que no cuadraba con las tesis de Macua. El presidente se encontró además con una cláusula que chocaba en su organigrama del club. Guerrero tenía asegurado poder entrenar a un equipo juvenil, del que sólo se movería en caso de poder dirigir a los tres clubes superiores; es decir, Basconia, Bilbao Athletic o el primer equipo. «Desde la junta no vemos un encaje de Julen en uno de esos puestos y es una situación que no nos satisface», dijo el presidente. Los posteriores contactos no llegaron a buen puerto hasta que, en marzo de este año, se puso fin a la relación del portugalujo con el Athletic a cambio de 240.000 euros de finiquito.

Ahora, Macua se enfrenta a otro problema, el planteado por Fernando Ochoa, que en su adiós del club ya se embolsó 1,8 millones de euros y que ahora pide 750.000 más. Por no olvidar el 'caso' Zubiaurre', otra herencia cifrada en cinco millones de euros que se encontró la actual junta directiva por un camino lleno de obstáculos.

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